Política exterior: excusas y razones

El autor considera que los ataques del Partido Popular por la acción diplomática del Gobierno son un ejercicio de cinismo que traslada la política exterior al escenario de la confrontación.

RAFAEL ESTRELLA

EL PAÍS – España – 01-12-2004

Poco hay de nuevo en el anuncio de que el Partido Popular va a suspender su colaboración institucional con el Gobierno. La realidad es que, desde el comienzo de la Legislatura, esa colaboración ha sido casi inexistente. El PP, instalado en la teoría del atentado teledirigido para que perdieran las elecciones, sigue cuestionando la legitimidad del resultado electoral. No hay, por tanto, nada nuevo, salvo que ahora se nos anuncia una actitud más virulenta, más montaraz, la misma que viene preconizando y mostrando la primera bancada del Grupo Popular en el Congreso, los Zaplana, Acebes o Cortés.

Esa actitud domina también la oferta de Rajoy para un pacto de Estado en política exterior, que contenía un mensaje a su propio partido: la necesidad de iniciar un giro en política exterior que, sin renegar de Aznar, alejase al PP de las posiciones radicales del ex presidente, un giro que le permitiese centrar de nuevo su posición y acercarse al resto de las fuerzas políticas a fin de que los ciudadanos olviden una política exterior que la mayoría del PP ni compartía ni comprendía, y cuyos costes políticos han sido evidentes. Desde hace varias semanas, hay signos evidentes de que este necesario ejercicio de autonomía y moderación en política exterior ha dejado de ser parte de las prioridades de Rajoy. Sin duda, no son ajenas a ello las apariciones periódicas, marcando el discurso en política exterior, de un Aznar que se siente reivindicado por la victoria de Bush; frente a ello, muchos dirigentes del PP no ocultaban sus simpatías por Kerry, en cuya posible victoria veían también la oportunidad de pasar página.

La tensión entre moderación y radicalización, entre política exterior de Estado y utilización de la política exterior con fines partidistas emergió ya a la hora de fijar la posición ante el referéndum de la Constitución europea. Rajoy, pese a la postura de su antecesor, lo resolvió con una fórmula intermedia: pedirán el sí -lo que debe ser bienvenido-, si bien, confiesan los suyos en privado, lo harán con la boca pequeña, arrastrando los pies y esperando una baja participación de la que culparían al Gobierno.

En los últimos meses, la oferta de Rajoy se ha visto desmentida, además del discurso simplista del antiamericanismo, por ataques de su Grupo Parlamentario al Gobierno sobre tres ejes centrales de lo que debiera ser una política exterior de Estado: Sáhara, Cuba y Gibraltar. En todos ellos cabe la discrepancia y la crítica sobre decisiones y actuaciones políticas concretas, pero los tres contienen posiciones de principios que jamás habían sido objeto de controversia entre Gobierno y oposición. Me refiero, en el caso de Cuba, a la defensa de los derechos humanos, que el Gobierno del PP buscó desde la confrontación con el Gobierno cubano y una retórica de apoyo a la oposición y que el Gobierno actual persigue desde un diálogo crítico con la autoridades y una relación estructurada con la disidencia; en el caso del Sáhara, los principios de la política española son el respeto a las Resoluciones de Naciones Unidas, que contemplan la necesidad de un acuerdo entre las partes y el ejercicio del derecho de autodeterminación de los saharauis. Aznar, desde esos principios, buscó sin éxito el aislamiento de Marruecos en Naciones Unidas; el Gobierno de Rodríguez Zapatero, desde los mismos principios, ha desplegado una intensa acción diplomática con marroquíes, saharauis y argelinos, encaminada a lograr el acuerdo entre las partes para desbloquear un conflicto que dura ya treinta años. Acusar al Gobierno de «estar con la dictadura y no con los derechos humanos» en Cuba o de abandonar las posiciones de principio sobre el Sáhara no es un mero ataque a la estrategia política, es un intento de deslegitimar a un Gobierno a costa de los pilares de la política exterior de Estado, un desleal ejercicio de cinismo que traslada la política exterior, incluidos sus principios, al escenario de la confrontación política.

En el caso de Gibraltar, la posición de principios es, evidentemente, la recuperación de la soberanía sobre el Peñón. El Gobierno anterior trabajó para ello sobre la base de la propuesta de cosoberanía planteada por Blair y fracasada en el tránsito de Piqué a Ana Palacio; el Gobierno socialista ha decidido hacerlo mediante pasos mutuos para generar confianza en cuestiones que afectan a la vida cotidiana de las poblaciones a uno y otro lado de la verja, promoviendo al mismo tiempo foros de diálogo en que serán abordados todos los temas, incluida la soberanía. La diferencia sustancial es que, cuando el Gobierno de Aznar inició esa negociación, el PSOE, en la oposición, mantuvo en todo momento una actitud de lealtad -hubiera sido fácil acusar a Aznar de renunciar a la mitad de la soberanía-, respetando una negociación delicada y manteniendo una actitud de diálogo y colaboración con el Gobierno, sin trasladar el debate al Parlamento. Por eso, cuando ahora el PP acusa al Gobierno, sin fundamento alguno, de abandonar posiciones de principios sobre Gibraltar, esa actitud, no sólo es un oportunismo irresponsable, sino una grave deslealtad. En sus iniciativas sobre Gibraltar, Cuba o el Sáhara, el mayor error del Gobierno ha sido no prever, ni contemplar siquiera, la maldad y deslealtad del adversario.

Hay otros ejemplos: los más recientes: la negativa del Grupo Popular a respaldar la creación de una subcomisión sobre la reforma del Servicio Exterior, mostrando así su voluntad de obstruir el consenso en política exterior; también, lo de «no ha ido ni El Tato», la frívola expresión del líder de la oposición para referirse a una Cumbre Iberoamericana, eje central de la política exterior de España.

Tras las palabras de Moratinos en un programa de televisión, el Partido Popular ha pedido explicaciones, rectificaciones y dimisiones y ha orquestado toda una jornada de cerco al ministro. En el mismo día, deberá responder a preguntas en el Senado y comparecer ante la Comisión de Asuntos Exteriores; para completar la jornada, el Grupo Popular ha introducido una interpelación sobre política exterior, en un claro intento de obstaculizar una importante visita a Oriente Próximo, ya anunciada, que el ministro debía iniciar a mediodía acompañado por miembros de la Comisión de Exteriores.

Este ataque exacerbado contra el responsable de la política exterior del Gobierno reflejaría la anunciada «suspensión de la colaboración institucional» del Partido Popular. Todo ello, según Ángel Acebes -que fuera responsable de nuestra seguridad y de transmitir a los españoles la verdad el 11-M-, vendría justificado por las declaraciones del ministro Moratinos.

Nada más lejos de la realidad; si el PP se siente agredido, está en su derecho de pedir explicaciones, y a ello deberá hoy responder el ministro, pero, seamos claros: la colaboración institucional del PP ha venido brillando por su ausencia; la voluntad política para construir un más que conveniente consenso en política exterior es inexistente; la política exterior de Estado ya había sido sacrificada al servicio de la deslegitimación y de la confrontación política y parlamentaria. Y es que, por diversas razones, la política de Estado y la autonomía de Rajoy en política exterior han pasado a un plano secundario en la agenda del líder del PP: las declaraciones de Moratinos son la excusa, no la razón.