Artículo en Diario Crítico. Diciembre 2004

Después del 14 de marzo, todo indicaba que, tras los cambios previsibles (regreso de las tropas de Irak, retorno de España al núcleo central del la construcción europea, etc), la política exterior dejaría de estar en el centro del debate político interno. Evidentemente, no ha sido así y el resultado es que, a tenor de lo visto en el Parlamento durante el último Período de Sesiones, se puede hablar de un consenso “a ocho menos uno” en la política exterior española, al igual que ocurriera en los últimos años de Aznar. Frente a ese consenso, el Partido Popular, ahora en la oposición, no ha buscado una legítima influencia, sino dirigir, bloquear y deslegitimar la política exterior, quedándose aislado una y otra vez en ese empeño.

Corresponde al PP y, en particular, a Mariano Rajoy, decidir si continúa en la estela de Aznar o si, por el contrario, comienza a ejercer la autonomía que debe acreditar su liderazgo interno y externo. Esa es, por tanto, la primera incógnita de la política exterior española para 2005: saber si el principal partido de la Oposición sigue por la senda de confrontación y deslegitimación marcada por Aznar, utilizando la política exterior como instrumento de acoso al Gobierno o, si por el contrario, el PP interioriza y acredita la oferta de Rajoy para una política exterior de Estado. La política exterior aparece así, también, como un elemento que va a definir, en los próximos meses, el debate interno en el PP y a reafirmar o seguir desdibujando el liderazgo de Rajoy.

No cabe duda de que los intereses de España estarán mejor servidos si Rajoy decide dejar atrás la herencia e imprimir un sello propio que ayude a los españoles a pasar página de los errores cometidos por su antecesor en política exterior, que han perjudicado considerablemente al PP. En cuanto al Gobierno, es evidente que dirigir la política exterior en un clima de confrontación con el principal partido de la Oposición no resulta cómodo. Sin embargo, ese empeño del PP por bloquear la nueva política exterior ha provocado unos efectos que, parece claro, no perseguía el PP.

En primer lugar, ha contribuido a acentuar los perfiles, las ideas-fuerza de esa nueva política exterior que han respaldado los españoles; también la noción de que la alternativa que se ofrece es la política que los ciudadanos repudiaron el 14 de marzo; en segundo lugar, ha permitido evidenciar que la política exterior del nuevo Gobierno cuenta, en sus elementos centrales y en sus estrategias, con el respaldo y la confianza de siete de los ocho Grupos Parlamentarios del Congreso. Todo ello no hace sino reforzar internamente al Ministro Moratinos ante el ataque del PP y reafirmar al Gobierno y al PSOE en la idea de mantener las líneas directrices de la nueva política exterior.

Así va a ocurrir, en cualquier caso, y así lo percibirán los ciudadanos en 2005, un año que vendrá cargado de acontecimientos, algunos ya fijados en el calendario, que van a permitir al Gobierno fijar ese perfil propio e impulsar los objetivos que la inmensa mayoría comparte en política exterior. Por muchas razones, España va a tener un papel determinante en lo que el Consejo Europeo ha establecido como “el año del Mediterráneo”. Barcelona 2005 será la ocasión para evaluar y revisar un decenio de relaciones euro-mediterráneas. La nueva política euro-mediterránea que saldrá de Barcelona, además de incorporar elementos como la estrategia de vecindad y medidas que den mayor visibilidad a esa asociación, va a situar esa política, previsiblemente, en el marco conceptual de la alianza de civilizaciones que formuló Rodríguez Zapatero ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

La importante cita latinoamericana de Salamanca va a dotar también de visibilidad el impulso que el Gobierno pretende dar a las Cumbres Iberoamericanas. España, desde el respeto, el diálogo y la estrecha cooperación, aspira a recuperar su papel como interlocutor privilegiado en esta Comunidad de Naciones de la que formamos parte, un ejercicio que arranca, ya en sus primeros pasos, con un cambio sustancial de la deteriorada imagen de España en América Latina. Avanzar hacia el cierre del acuerdo UE-Mercosur e impulsar los nuevos acuerdos de la Unión con Centroamérica y con la Comunidad Andina deberán ocupar un lugar preeminente en la agenda común iberoamericana. Al mismo tiempo, esa renovada relación con América Latina deberá ser también un elemento central para una imprescindible relación reforzada y equilibrada con EEUU, prioridad del Gobierno para el año que comienza.

Son muchos otros los ámbitos en que, por encima de las discrepancias, los intereses de España como Nación y como miembro de la Unión Europea van a confluir en 2005 con los de EEUU: de manera prioritaria, la necesidad de poner fin al conflicto árabe-israelí, logrando un acuerdo justo que permita la coexistencia de dos Estados. A nadie se le oculta la trascendencia que el fin de este conflicto tendría para alejar el fantasma del choque de civilizaciones, al que alimentan tanto la tragedia que vive el pueblo palestino como la crítica situación de Irak. En esa misma dirección, España y, en general, la UE tiene razones evidentes para coordinar con otros países y, en particular con EEUU, la acción contra el terrorismo internacional y la erradicación del odio del que se nutre: la presencia en Afganistán es sólo el elemento más visible de ese compromiso español. El décimo aniversario de la Agenda Transatlántica debiera definir y vertebrar la relación entre los dos grandes conjuntos económicos y comerciales del mundo: la UE y EEUU, incorporando estrategias comunes ante los retos que plantea la globalización.

En la agenda española para 2005 figuran otras prioridades: en enero, la visita de Estado a Marruecos debe marcar claramente una nueva e intensa etapa, cuyo signo más evidente es la acción conjunta de soldados españoles y marroquíes en Haití, bajo la bandera de Naciones Unidas. Pero en el Magreb, España tiene también el objetivo de avanzar hacia un acuerdo entre las partes que suponga la solución del prolongado conflicto del Sahara, una solución que pasa, evidentemente, por el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, como establecen las Resoluciones de Naciones Unidas. Al otro lado del Atlántico, en Cuba, el acuerdo unánime de la UE para una posición común que sustituirá la de 2003, de probada ineficacia, permitirá a Europa promover el respeto a los derechos humanos y las libertades e influir de manera efectiva para el cambio en Cuba: ya hemos visto los primeros frutos de esa nueva política. Veremos también un fuerte impulso para hacer realidad el Plan Asia. Finalmente, la nueva estrategia sobre Gibraltar, desde el estricto respeto a los principios y objetivos seguidos por gobiernos anteriores, requiere el respeto y lealtad con que, hasta ahora, siempre había contado esta cuestión de Estado.

Son muchos los temas que centrarán la política europea de España en 2005, desde la revisión de la Estrategia de Lisboa –una de las prioridades del Gobierno del PSOE- al avance en las discusiones previas a las Perspectivas Financieras que entrarán en vigor en 2007. Pero, sin duda, el acontecimiento más relevante será el referéndum sobre el Tratado Constitucional europeo al que seremos llamados los españoles el 20 de febrero. Desde la declarada posición favorable, un compromiso activo con el referéndum y con sus resultados será la primera oportunidad que tendrán Rajoy y el Partido Popular para hacer creíble su voluntad de pasar página y sentar las bases para una auténtica política de Estado. Como puede verse, nada justificaría que el Partido Popular se siga aislando y se autoexcluya del consenso en torno a todos estos objetivos de política exterior. Si lo hiciera, los ciudadanos acabarían por percibir que el PP está, no dañando la política del Gobierno, sino, algo imperdonable, poniendo en peligro los intereses de España, avivando así un recuerdo aún presente en la memoria de muchos españoles.

Rafael Estrella

Diputado

Portavoz Socialista en la Comisión de Asuntos Exteriores