Uno de los elementos que hacen de Europa un conjunto singular y atractivo para muchos ciudadanos del mundo es lo que se ha dado en llamar el modelo social europeo, un sistema de protección social y de derechos laborales que se halla consolidado, en grados diferentes, en los países de la Unión Europea y que se contrapone a la enorme desprotección y desigualdad existente en otros competidores del mundo desarrollado y, en particular, de EEUU.

La crisis de competitividad, crecimiento económico y empleo que experimentan buena parte de los miembros de la Unión ha situado el modelo social europeo en el centro de los ataques de los sectores más ultraconservadores de la derecha europea: en su discurso, palabras como desregulación o liberalización se traducen, en la práctica, en el deseo de desmantelar el modelo social europeo.

Los socialistas europeos hemos iniciado un amplio debate cuyo objetivo es formular nuevas respuestas a los nuevos retos, a fin de preservar y garantizar los logros en justicia, solidaridad y protección social y, al mismo tiempo definir estrategias para modernizar dicho modelo, que se enfrenta a desafíos tan importantes como el imparable proceso de globalización, la ampliación de la Unión o el cambio demográfico. Es, en definitiva, un debate para impulsar y promover los valores y principios de la socialdemocracia europea.

El proceso de debate que está impulsando el Partido de los Socialistas Europeos (PSE) se va a desarrollar a través de foros y conferencias de ámbito europeo y nacional. En otoño de 2006, las conclusiones serán presentadas al Congreso del PSE. Conviene recordar que el modelo social europeo, el Estado de bienestar fue, en gran medida, fruto del impulso de la socialdemocracia europea. Por eso es importante que seamos también nosotros los que asumamos la definición de las garantías que la sociedad debe ofrecer a los ciudadanos europeos. Sólo así estaremos en condiciones de afrontar un debate riguroso sobre las reformas necesarias sin que estas supongan el desmantelamiento del Estado de bienestar.

En procesos recientes, los ciudadanos, en Francia y Holanda, han mostrado sus inquietudes e incertidumbres ante procesos en que se les habla de reformas (laboral, fiscal, de pensiones) pero no de de su seguridad como ciudadanos. Al mismo tiempo, en las recientes elecciones en Alemania, los electores han hecho patente su recelo ante las propuestas neoliberales de Angela Merkel que, de manera muy obvia, favorecían a los más privilegiados. Debemos ser capaces de convertir esa desconfianza de los ciudadanos hacia las políticas neoliberales en apoyo a una clara y sólida visión de Europa; para ello, debemos demostrar que la Europa social no es una rémora para el progreso sino una dimensión que integra y fortalece nuestra Unión.

Las respuestas de los socialistas europeos deberán tener en cuenta los diferente modelos que conviven en la Unión y que, pese a sus diferencias, se perciben en su conjunto como el modelo social europeo con valores y principios comunes que se reflejan, por ejemplo, en un gasto en salud que oscila entre el 7% y el 10% del PIB o entre el 7% y el 10% en pensiones. La puesta al día y el reforzamiento de nuestro modelo social debe basarse, por tanto, en la consagración de principios irrenunciables como solidaridad, igualdad y justicia, que deberemos articular en función de los retos que afronta la sociedad actual.

El principio de solidaridad conlleva la idea de redistribución de la riqueza dentro y entre los Estados miembros de la Unión Europea, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a servicios básicos. Pero hemos de dar respuesta a la emergencia en nuestras sociedades de nuevos grupos que se encuentra en situación de desventaja, como los inmigrantes de tercera generación o las familias monoparentales. Igualmente, de manera muy especial, hemos de ser capaces de trasladar a los instrumentos de protección social cambios tan relevantes como la imparable incorporación de la mujer al trabajo, facilitando la escolarización temprana de los hijos; también, el envejecimiento de nuestra población, que hace imprescindible fortalecer el cuidado sanitario especializado y la atención social a los mayores.

La idea de flexibilidad aparece frecuentemente ligada al objetivo de aumentar la competitividad. Es un debate que los propios sindicatos han aceptado como ineludible. Pero no podemos aceptar que la flexibilidad suponga simplemente mayores posibilidades para despedir con menor coste a un trabajador. La flexibilidad sólo puede ser aceptable si conlleva mayor seguridad a través de políticas activas de empleo (mayor estabilidad, formación, apoyo para la búsqueda de nuevo empleo) que, además, hagan viable la Estrategia de Lisboa, así como de medidas para evitar la discriminación o para facilitar la incorporación de la mujer y, de manera muy especial, de los jóvenes. Se ha acuñado un término para defender ese concepto: flexiseguridad.

Finalmente, debemos abordar con rigor y de manera constructiva las consecuencias del cambio demográfico. Más allá de las implicaciones que las estadísticas auguran para los costes de la salud y de las pensiones, es evidente que el aumento de la esperanza y de la calidad de vida permite explorar nuevos escenarios en que, aquéllos que lo deseen, puedan prolongar su vida activa en el mismo o en otros ámbitos de actividad. Al mismo tiempo, estamos pudiendo constatar cómo las predicciones demográficas se ven alteradas por las corrientes migratorias. Ello, además de abrir nuevos y más optimistas horizontes a la sostenibilidad de los sistemas de protección pública, plantea también la necesidad de dar respuestas adecuadas a la inmigración, creando, por una parte, un marco común europeo para la admisión de inmigrantes y, al mismo tiempo, poniendo en práctica políticas que favorezcan su integración y eviten la discriminación.

Artículo para el Boletín de la Secretaría Internacional del PSOE Diciembre 2005