Barcelona: diez años después

Artículo publicado en El Socialista Diciembre 2005

Hace diez años, la Conferencia Euro-mediterránea de Barcelona supuso un intento ambicioso de configurar un espacio común en esta región que compartimos. Se partía entonces de una visión amplia y compleja de la seguridad que, formulada en los años sesenta, no tuvo gran fortuna en el fragor de la Guerra Fría.

La singularidad del Proceso Barcelona era, precisamente, el intento de definir, en un foro en pie de igualdad –la Asociación Euro-mediterránea- objetivos y estrategias compartidas entre actores profundamente diferentes: ese fue también el gran acierto. Actores diferentes por su personalidad: la Unión Europea y, de otro lado, Estados individuales; separados por profundas desigualdades en niveles de renta, bienestar y, también, de desarrollo democrático; con profundas diferencias entre los países árabes –a su vez poco cohesionados-, de una parte y, de otra Israel, el enemigo declarado para algunos de los Estados árabes. La Conferencia de Paz de Madrid (1991) y los Acuerdos de Oslo (1993) propiciaron el clima en el que árabes e israelíes se sentaron en torno a la misma mesa con los europeos, en un ejercicio que anticipaba no ya el diálogo, sino algo de mucho mayor calado: la cooperación y la asociación entre civilizaciones.

Diez años después, de nuevo en Barcelona, se han reunido los mismos actores, aunque con un incremento sustancial de la parte europea tras un amplio proceso de integración de nuevos miembros en la Unión. En el transcurso de esa década, se han producido avances, pero los resultados distan de ser satisfactorios. Los parámetros de desarrollo socioeconómico y de progreso de la sociedad civil en el Sur del Mediterráneo apenas han avanzado; si se comparan con los indicadores de la orilla Norte, la brecha es hoy aún más profunda. La fragilidad de los países del Sur es aun más patente en un mundo crecientemente globalizado y los flujos migratorios no controlados –marginales en la Conferencia de 1995- aparecen hoy como uno de los principales problemas que centran la atención de nuestros gobiernos.

Quebrada la esperanza de paz en Oriente Próximo con el asesinato de Rabin, la retirada israelí de Gaza permite entrever de nuevo la luz al final del túnel. Pero hay nuevos factores que alteran la ecuación de seguridad en el Mediterráneo. Si hace diez años se hablaba de desarme y de medidas de confianza, los atentados de Nueva York, Casablanca o Madrid han hecho que el horizonte de conflictos entre Estados pase a un segundo plano y que la seguridad tenga hoy mucho más que ver con la amenaza terrorista, amenaza que, aunque se genera y se nutre en el Sur, se mueve también en el norte y golpea indiscriminadamente a uno y otro lado de esa línea invisible que nos separa. Al mismo tiempo, la guerra de Irak ha tenido un efecto desestabilizador en todo el mundo árabe, acentuando fuertemente los sentimientos anti-occidentales y favoreciendo el crecimiento de los grupos islamistas. En la respuesta de los poderes, -en su mayoría autocráticos- temerosos de la contaminación del islamismo radical, el avance de la democracia y de las libertades ha sido la principal víctima.

El terrorismo, al que se dedicaron sólo tres líneas en la Declaración de 1995, se ha convertido en elemento central de la cita de 2005. Era inimaginable un acuerdo aceptable para países que consideran como resistencia legítima las acciones contra la ocupación ilegal de Palestina por Israel. Por eso tiene un enorme valor la adopción en Barcelona de un Código de Conducta común frente al terrorismo, con una condena inequívoca “en todas sus formas y manifestaciones” y el compromiso de “reforzar la cooperación y coordinar la respuesta a esa amenaza global”. El Código, fruto, en gran medida del trabajo de la diplomacia española, conllevará la aplicación por los países del Mediterráneo de numerosos acuerdos y convenciones internacionales, por lo que supone un avance sin precedentes que, por sí sólo, avala el resultado positivo de la Cumbre.

No menos importante es la adopción del Plan de Acción para los próximos cinco años, el eje a través del cual se vertebra la Asociación Euro-mediterránea. La mayor virtualidad del Plan es que refleja el compromiso europeo, esta vez con mayor precisión que hace diez años, de que el Mediterráneo seguirá siendo un área de atención prioritaria de la Unión, incluyendo la canalización de recursos y el apoyo al desarrollo de la sociedad civil. Hay novedades muy importantes en dos ámbitos que, pese a la insistencia de los países del Sur, fueron excluidos hace diez años de la Agenda Euro-mediterránea: la agricultura y la inmigración. Ahora, se contempla la liberalización progresiva de los intercambios agrícolas, como demandaban los países del Sur ya hace diez años. En cuanto a la inmigración, pasa a incorporarse como una cuestión de interés común, abordándose en todas sus dimensiones, desde el control compartido de los flujos y la persecución del tráfico de seres humanos a la integración y la no discriminación de los inmigrantes. En su conjunto, el Plan de Acción, cuya atenta lectura recomiendo, es una agenda compartida para ayudar a los países del Sur del Mediterráneo a afrontar los retos de la globalización, impulsando los cambios que ese desafío requiere. España, como hace diez años, también con un Gobierno socialista, ha jugado un papel determinante en la cita euro-mediterránea, que debe ser juzgada, ante todo, por unos resultados que, sin duda, suponen un considerable avance.

Rafael Estrella. Diputado por Granada. Portavoz Socialista en la Comisión de Exteriores del Congreso.